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Me llamo Alexandra Gay y soy abogada en Neighborhood Legal Services del condado de Los Ángeles, una organización de asistencia legal que presta servicios a residentes de bajos ingresos de L.A. Me concentro en mejorar el acceso de inmigrantes elegibles a los programas de red de seguridad.

Los abogados que trabajan en asuntos de acceso a beneficios saben que una de las principales barreras que impiden que las personas residentes permanentes legales (o titulares de tarjeta verde) se inscriban en beneficios es el complejo conjunto de reglas sobre la “responsabilidad financiera del patrocinador”. 

Debido a que muchos residentes permanentes han perdido contacto con sus patrocinadores, no pueden proporcionar su información a los departamentos de asistencia pública. Muchos residentes permanentes también temen que proporcionar esta información le cause problemas con el gobierno a su patrocinador.

Encontramos que los trabajadores de elegibilidad del condado con frecuencia no comprenden bien las excepciones vigentes a las reglas sobre responsabilidad financiera del patrocinador y las aplican de forma incorrecta. El resultado desafortunado es que a muchas personas residentes permanentes de bajos recursos, que son financieramente elegibles para recibir beneficios, se les niegan estos debido a cuestiones de procedimiento. 

El proyecto de ley AB 1049 simplificaría el proceso de solicitud para la asistencia alimentaria vital del programa CFAP. Esto beneficiaría a personas como nuestro cliente, el Sr. L., cuyas circunstancias representan a quienes se ven afectados negativamente por las reglas actuales de responsabilidad financiera del patrocinador del programa CFAP. 

El Sr. L. tiene 70 años y habla únicamente mandarín. No tiene ingresos y padece problemas de salud graves, incluida la diabetes. Recibió su tarjeta verde el año pasado y un conocido lejano, junto con su hijo, lo patrocinó. El conocido ya no está en Estados Unidos y el hijo ahora no tiene vivienda y atraviesa su propia crisis financiera y de salud mental.  

Cuando el Sr. L. se postuló al programa CFAP, se le rechazó la solicitud porque no pudo proporcionar suficiente información sobre sus patrocinadores. El funcionario del condado no lo evaluó para la excepción por indigencia, lo cual es común. No recibe ayuda para comprar alimentos.

Si hubieran existido las cláusulas del proyecto de ley AB 1049, se le habría permitido al Sr. L. terminar el proceso de solicitud para CFAP y probablemente ya estaría recibiendo asistencia alimentaria vital. 

Gracias por la oportunidad de comentar.

Me llamo Melissa Arvizu y represento a la National Health Foundation, que presta servicios a las comunidades del condado de Los Ángeles. Hoy estoy aquí para hablar a nombre de Elena del Carmen, residente de El Monte.

Elena ha vivido muchos años en Estados Unidos y recibió su tarjeta verde en 2019; su hermana fue su patrocinadora. Ese mismo año, Elena perdió inesperadamente a su hermana de manera trágica. A pesar de esta adversidad, Elena ha seguido trabajando y, a los 62 años, solicitó beneficios de CalFresh en mayo de 2024 como ayuda para garantizar su acceso a la comida, pues su ingreso no ha sido suficiente para satisfacer sus necesidades.

Elena vive con su sobrina, su único familiar aquí en Estados Unidos, pues dejó a sus hijos y demás parientes en El Salvador. Después de presentar su solicitud a CalFresh, Elena esperó meses para recibir una respuesta. Al final le informaron que no reunía los requisitos y le dijeron que necesitaba presentar la documentación de su patrocinador. Aunque su hermana falleció hace cinco años, todavía se exigía que Elena presentara documentación de su hermana difunta para acceder a los beneficios que necesita desesperadamente.

Elena buscó ayuda y se reunió con el trabajador a cargo de su caso, quien rechazó su solicitud de proporcionar evidencia del deceso de su patrocinadora. Elena hizo múltiples intentos para demostrar que no podía proporcionar el ingreso de su patrocinadora, pero cada vez que lo hacía se encontraba con más obstáculos. Al final, Elena se desalentó y se dio por vencida. Hasta la fecha, un año después de solicitar la asistencia, sigue sin recibir el apoyo que necesita con tanta desesperación. Cada mes sigue enfrentando inseguridad alimentaria: se le acaba el dinero y pasa hambre.

Elena del Carmen me pidió compartir hoy su historia, con la esperanza de que nadie más tenga que enfrentar las mismas barreras innecesarias que la responsabilidad financiera del patrocinador ha colocado en el camino de acceso a beneficios vitales.